Curso online “Nuevo procedimiento administrativo y contratación pública en el ámbito urbanístico”
El objetivo de este curso es que los alumnos puedan adquirir los conocimientos necesarios en relación a la normativa que regula los procedimientos y la contratación en las Administraciones Públicas.
Este curso se articula en dos bloques:
BLOQUE 1: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Se analizarán y estudiarán las reformas del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común operadas por las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público.
El objetivo es que los alumnos conozcan las principales novedades que aportan estas leyes y su incidencia, entre otros, en la organización y el funcionamiento de la Administración, el régimen jurídico de los convenios, la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, los recursos administrativos, la tramitación electrónica de los procedimientos y los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración.
BLOQUE 2: CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PÚBLICO
El objetivo de este bloque es el análisis y estudio de las reformas de la Contratación administrativa en el sector público operada por la ley 9/2017, de 8 de noviembre por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
Se pretende que el alumnado conozca las principales novedades que aporta esta nueva regulación y su incidencia en la contratación pública, especialmente en lo referente al colectivo al que va dirigido el presente curso.
La Ley de Contratos del Sector Público incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la legislación comunitaria adoptada en los últimos años en el proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.